Por: José Gabriel Coley

El campus es connatural a la Universidad desde sus orígenes hace mil años. En el siglo XI, en las afueras de las poblaciones medievales europeas, se fueron estableciendo comunidades de profesores y estudiantes en la búsqueda del saber sin restricción alguna, ni de la Iglesia ni del Estado, tomando distancia tanto de uno u otro poder; es decir, buscaban la autonomía de la razón para entender y transformar el mundo más allá de la súplica de las oraciones en esa época del teocentrismo. Así surgieron las primeras universidades, y todos los campus que hoy existen son herederos de esas circunstancias.

En nuestro caso, cuando el filósofo Julio Enrique Blanco fundó el Alma Mater (1941), esta comenzó en el barrio El Prado (donde funciona hoy la facultad de Bellas Artes) que estaba ubicado en ese entonces en las afueras de Barranquilla, de ahí su nombre. Pero pronto el crecimiento demográfico y urbanístico nos cubrió, tanto en el Prado como luego en la cra 43 hasta que se pudo tener un verdadero campus.

En el año 1980 y por iniciativa del senador José Name, egresado agradecido, se creó la ley de la estampilla pro-ciudadana universitaria y en la rectoría de Ernesto Camargo (1989) con los fondos recaudados se adquirieron a la altura del km 7 de la carretera a Puerto Colombia las antiguas instalaciones de INTERCOR (donde funciona la rectoría y la administración central), y los terrenos aledaños para la construcción de los bloques de aulas, las canchas deportivas, etc.

Terminada la Ciudadela Universitaria (1989) la estampilla no dejó de existir sino que se amplió para su mantenimiento y dotación pero al parecer, estos recursos no se han dirigido, administrado o ejecutado bien, lo que ha producido la crisis que estamos viviendo. A esto se suma el factor de inseguridad en el campus.
Desde mis tiempos de dirigente estudiantil en la década del 70, siempre he luchado por la autonomía universitaria y la he sustentado en mis libros lo mismo que en mis clases. Pero la autonomía es académica, porque somos una Universidad oficial y no un Estado dentro de otro Estado, por lo que este debe responder por la financiación y la seguridad de la Institución, más que todo cuando el entorno no nos favorece, lo que ha hecho que algunos sectores sociales descompuestos que infestan los alrededores varias veces hayan invadido nuestros predios.

El Estado tiene que garantizarnos la tranquilidad al interior de la Universidad lo mismo que el mantenimiento de la planta física de todas sus sedes con su debida dotación. El impuesto de la estampilla es para esa destinación específica. Solo de esta manera se podrán adelantar las labores académicas con bien-estar para que el Alma Mater cumpla las funciones a la que está llamada por la sociedad.

Pero también la Universidad tendrá que poner de su parte en lo que tiene que ver con la armonía entre sus miembros. En ese sentido, estamos adelantando un proyecto institucional que comenzó con la investigación, elaboración y posterior publicación digital del libro Cátedra Julio Enrique Blanco ya disponible entre los profesores y estudiantes que imparten y reciben la asignatura de su nombre; y apunta hacia el ser y el deber ser de la Universidad, la convivencia ciudadana y la paz. Pronto saldrá su edición en físico. Se está trabajando, además, en verter sus contenidos teóricos en una cartilla de uso práctico, amén de la implementación de cursos, talleres y seminarios para complementar una verdadera cultura de relaciones interpersonales dentro de los estudiantes, tendientes a lograr un cambio de conducta de carácter formativo entre sus miembros para construir agentes proactivos que sean gestores de paz en la sociedad. ¡Intelectuales orgánicos o profesionales integrales es lo que debemos formar, no simples hacedores de oficios calificados!

Barranquilla, septiembre 26 de 2023